Medidas estatales capitalistas y despoblación en las áreas rurales (1800-2014)

Daniel Boyano Sotillo
16 de enero de 2014, Puebla de Sanabria
Colectivo El Huerto del Pozo

"La memoria es el mejor antídoto ante el auge del capitalismo estatal del desastre. El espacio que hoy el Estado Español y sus gentes, perdieron el hilo de la historia en 1939 con el golpe de estado franquista. En ese momento se comenzó a desarmar a la fuerza el movimiento ilustrado urbano español y el medio rural tradicional con todas sus virtudes. La dictadura marcó el punto final de cualquier reencuentro positivo entre ambos"

Los medios de comunicación no dejan de alertarnos del proceso de emigración de las personas jóvenes españolas, y es que la prospectiva del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el ciclo 2013-2023 –publicadas el 21 de noviembre de 2013- señalan un descenso acusado de la población en el Estado de España que pasaría de 46.704.314 habitantes en 2013 a 44.082.671 en 2023; una disminución de 2.621.643 habitantes, un 5,6%. En el ámbito rural el problema se acentúa siendo los datos todavía más pesimistas, incluso superándose valores relativos de pérdida de población rural superiores al éxodo rural de las décadas de los 50, 60 o 70. Pero esta situación viene de atrás, ya que durante los dos últimos siglos el Estado de España ha experimentado profundas transformaciones en los asuntos relacionados con el territorio y su organización. Uno de los aspectos más destacados y a los que se suele hacer referencia de continuo, es  la concentración de la población en reducidos espacios urbanos, a la vez que, complementariamente se ha producido un acusado vaciamiento rural. El crecimiento urbano supone, por un lado, la toma de posesión de la naturaleza y medio humano por el capitalismo que, desarrollándose lógicamente como supremacía absoluta, puede y debe ahora rehacer la totalidad del espacio como su propio decorado; y por otro la pérdida de identidad y desarraigo de la población que hasta entonces vivía en zonas rurales  apegadas a la tierra y con formas de autorganización y autosuficiencia agrícola muy eficientes y eficaces desde el punto de vista ambiental, social y económico.
La débil o nula repercusión de las "políticas de desarrollo" impulsadas por el Estado Español (Estado Central y Entidades Estatales a menos escala) para frenar realmente el despoblamiento rural, uno de los problemas más acuciantes de los territorios rurales, evidencia que resulta imprescindible identificar e incidir más en los aspectos humanos y en la construcción de sostenibilidad. En muchos casos estas políticas centralistas lo único que provocaron fue la emigración de las zonas rurales. Para Alario y Baraja (2006), hay "una sostenibilidad que es básicamente social y tiene un objetivo principal: fijar la población en unos espacios marcados por la atonía demográfica, el vaciamiento y el envejecimiento progresivo, y que, en muchos núcleos, no tienen garantizada su supervivencia más allá de una o dos décadas si se mantiene la actual dinámica demográfica".
Aunque el problema actual de despoblación rural que sufre España se haya acelerado en los últimos sesenta años, no debemos pensar que se trata de un fenómeno nuevo. La despoblación de un territorio se produce cuando sus habitantes emigran o mueren y no son reemplazados por otros. Conflictos humanos o catástrofes naturales suelen estar en el origen de la emigración o la muerte repentina de grandes masas de población, pero en este caso me voy a centrar en otro motivo, las medidas tomadas por el estado español  desde comienzos del siglo XIX hasta la actualidad. Uno o dos siglos antes el Estado Español parece que finalmente se configuraba uniendo los diferentes reinos ibéricos a excepción de Portugal. Las políticas se hacían en las ciudades y casi siempre eran para las ciudades porque los tentáculos del Estado no podían llegar en aquella época hasta los pueblos y aldeas debido a su lejanía, teniendo las áreas rurales sistemas de organización anteriores basadas en el apoyo mutuo, no subyugados por la lógica de la acumulación y del beneficio, auto gestionados, no jerarquizados y de marcado carácter local evitando de este modo ser lastradas por la institución del Estado Central. Estos sistemas de organización eran y son los Concejos, que por cierto, existíann y funcionaba desde varios siglos antes que se creara el Estado Español.
Antes de la revolución liberal iniciada por la Constitución de 1812, la gran mayoría de las tierras no era una mercancía. La desamortización consistió en convertirlas en bienes mercantiles, en propiedad privada. Tampoco hay que olvidar la creación de los ayuntamientos (aparato estatal local) tal y como hoy los conocemos hoy, en la década de 1830, lo que supuso que estos se apropiaran de buena parte de tierras comunales, hasta entonces auto gestionadas por la vecindad con métodos de verdadera democracia participativa para la toma de decisiones mediante asambleas, donde la mujer tenía derecho a voto (varios siglos antes de que el Estado Español lo permitiera).
La Constitución de 1812, como antes había hecho la revolución francesa, hurto tierras al campesinado por medio de leyes que provenían no de la voluntad popular sino de la hegemonía del aparato militar y policial, de la violencia ilimitada.
Los cambios políticos constantes que se sucedieron durante el siglo XIX también dejaron un rastro de núcleos rurales deshabitados. La desamortización de las propiedades comunales  llevadas a cabo durante los gobiernos liberales, principalmente por Mendizábal y Madoz, hicieron que muchas localidades rurales se quedaran sin poder gestionar las tierras comunales que suministraban el soporte vital a su vecindad (del comunal se obtenía pasto, agua, servicios como el molino…). De modo que tuvieron que emigrar o pasar a trabajar para el noble o acaudalado señor  terrateniente que hubiese comprado esas propiedades en pública subasta.  El proceso tuvo su momento culminante con la Ley de Desamortización Civil de 1855 (la especulación fue la gran beneficiada de este proceso, y la gran mayoría de los montes que pertenecían a fincas expropiadas fueron talados para sacarle rendimiento económico por parte de sus nuevos propietarios que habían invertido en ellas), a la que le siguieron la Ley de Repoblación de 1877 (fomentaba las repoblaciones con especies no autóctonas perjudicando a la economía local) y el Real Decreto e Instrucciones para el Servicio de Ordenaciones (promovía la privatización de los usos de la floresta pública).
Durante la I República hubo intentos emancipadores por parte de la población civil de pequeñas ciudades y pueblos para constituirse de forma autónoma basándose en la economía local para asentar población, pero a pesar de su éxito inicial fueron barridas por la fuerza imperante de los liberales y conservadores preservadores del poder estatal. De esta forma se continuo con una política estatal centralista, hasta la II República dónde el Estado intentó una reforma agraria que fracasó debido a que su planteamiento de base era la partición y repartición de tierras, cuando el campesinado español siempre había trabajado de forma comunitaria en terrenos comunales sin propiedad individual. Además la II República tuvo un régimen municipalista estatal continuista con la situación precedente y no consideró la posibilidad de abrir paso a un sistema de autogobierno popular por medio de asambleas populares.
La despoblación rural provocada durante la guerra civil (1936-39), que se dio principalmente entre dos bandos pro-estado, aunque muy difícil de evaluar afectó en a las  gran medida a las áreas rurales, no solo por las muertes violentas, sino el exilio y los refugiados temporales o permanentes. En aquellos pueblos que fueron frente de guerra se produjo la destrucción de infraestructuras, equipamientos y viviendas, diezmando ganados y factores productivos.
La adaptación de la economía española al sistema capitalista de consumo imperante, que dejó atrás la situación de posguerra, tiene una de sus principales claves en el intenso transvase de la población que se produce entre el campo y la ciudad, desde época franquista hasta la actualidad. A finales de los años 50 se aceleran los procesos migratorios, hasta alcanzar un dramático cenit a final de la década de los 60 y comienzos de los 70. La década que transcurre entre 1955 y 1965 se caracteriza por el éxodo rural y la transformación urbana, dejando España definitivamente atrás su pasado agrario y rural. Es una triste etapa que afecta de forma indiscriminada y masiva, a todas las zonas rurales.  Este proceso hunde en la soledad y pérdida de autoestima a la gente de los pueblos e instala al país en una larga crisis demográfica, social y económica y de valores. Se produce de este modo la desnaturalización del Concejo por sometimiento a las numerosas normas legales que hacen del ente local una realidad aherrojada.
Este éxodo resultará muy selectivo y serán principalmente los jóvenes rurales los que alimenten el flujo emigratorio. Las salidas se daban, en primer lugar, de las zonas rurales a las capitales de provincia; en segundo lugar, las corrientes migratorias se dirigían hacia los grandes polos de desarrollo programados por el Estado: a las regiones industrializadas de Cataluña y el País Vasco, al polo político-industrial de Madrid, y hacia el litoral y las regiones industriales de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto estas áreas urbanas en expansión son creación del Estado, el cual toma una de ellas, a la que otorga la capitalidad, como lugar donde concentrarse y fortalecerse para dominar un determinado espacio geográfico, ya que si existen miles de pueblos auto organizados estarán fuera de su alcance de poder.
Se producirá así una metamorfosis vertiginosa de las estructuras demográficas rurales, que en corto tiempo perderán la mayor parte de toda una generación. En definitiva, el medio rural pierde gran parte de los efectivos de una generación, por la doble vía de la disminución de la natalidad y del aumento de la emigración, y la ciudad se restablece a expensas de los jóvenes rurales. Así la ciudad se mantiene y consigue la vitalidad necesaria para su desarrollo a costa del campo que, no solo pierde población, si no que entra en un proceso de aculturación en el que el mundo rural se derrumba debido a que las personas que lo habitan ya no tiene confianza en sí mismo debido a las muestras de poder y propaganda del estado con la industria de mediados de siglo XX. 
Este traslado de población, que aún hoy sigue vivo en provincias españolas con marcado carácter rural, fue motivado no sólo por la necesidad de mano de obra en los nuevos centros de desarrollo, sino por un aumento considerable de la obra pública, fundamentalmente la construcción de nuevos embalses y la ejecución de ambiciosos planes de reforestación ejecutados a la fuerza por un ejército de ingenieros forestales tecnificados pero sin conocer la realidad rural. Mediante la Ley de Montes franquista se plantan pinos en áreas comunales de pasto ganadero, y con menos cabezas de ganado cae en declive la fertilidad de los suelos para la agricultura, y sin ganadería y agricultura las personas ya no podían vivir en los pueblos. Cuando estos mecanismos estatales de expulsión de población rural no funcionaban se usaban otros métodos de presión como eran el retiro de curas, médicos o educadores de pueblos, e incluso se dieron casos en los que el clero cobraba cuotas por llevar mujeres jóvenes a trabajar de criadas domésticas para la creciente burguesía de la ciudad. El desinterés de grandes propietarios y la solidaridad vecinal fueron responsables de la pervivencia del comunal hasta mediados del siglo XX, pero la introducción de repoblaciones forestales en los años 40 del siglo XX con especies de rentabilidad comercial acotó los usos vecinales y rompió la relación de equilibrio histórica entre comunidad rural y ecosistema.
Estos asuntos contribuyeron al abandono definitivo de muchas aldeas, unas por quedar sumergidas y otras por perder sus mejores tierras de cultivo ante el avance del Estado expropiador. Años después, el Estado Español apostó por la mecanización del campo y no por la agricultura familiar, eliminando, así las pequeñas y escasos minifundios que quedaban mediante diferentes herramientas legales, como las concentraciones parcelarias, la necesidad de contratar una ingente mano de obra en las tareas agrícolas.
Si comparamos las cifras de población rural entre los censos de 1950 y 2013 vemos el resultado de estas políticas estatales centradas exclusivamente en el desarrollo urbano, que han dejado completamente marginadas muchas zonas rurales. Se deduce claramente de ellas que el principal papel del medio rural durante las últimas décadas ha sido el de proveedor de mano de obra barata para unas industrias y servicios en creciente desarrollo. Una vez agotados esos recursos humanos, el proceso urbanizador continuó, pero esta vez alimentado por mano de obra extranjera.
España, desde su  ingreso en la Comunidad Económica Europea, ha unido política rural con política agraria, no obstante, esta perspectiva de sustentar el "desarrollo rural" en el sector primario ha contribuido a la pérdida de población de las áreas rurales que no han sido capaces de adaptarse a la nueva coyuntura de mercado europeo capitalista. Por lo general, aquellos núcleos que  no  han  experimentado  una sectorización interna adaptada a las exigencias de la PAC,  han visto como disminuía la renta de sus habitantes,  y, pese a los factores que pueden actuar como potenciales  fijadores  de la población (como tradición o calidad ambiental del entorno),  han sufrido un  despoblamiento. Así Con la entrada en la Unión Europea, España tuvo que adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y exigente y, especialmente, a la Política Agraria Común (PAC) basada en la agroindustria. Esto supuso una ruptura más con la tradición rural ya que ahora, desde Europa se ordenaba que productos agrícolas y qué cantidad se tenían que producir en cada zona. Esto provocó el desmantelamiento de las pocas actividades agrícolas que habían soportado los envites anteriores (en 1986 la liquidación del mundo rural campesino en lo principal ya estaba realizada), por ejemplo las lecherías asturianas, continuando de esta manera la salida de la gente e los pueblos. 
El mejor ejemplo del sistema antes descrito son las ayudas de la PAC, que además de estar injustamente distribuidas sirven para potenciar un modelo agroalimentario que echa abajo empleos en la agricultura, promueve la agricultura extensiva basada en productos químicos, dificulta la calidad de vida en los Países del Sur de base campesina, provoca el despoblamiento de los pueblos y arremete contra el patrimonio natural, al fomentar un modelo agrícola industrializado que tiene como resultado la producción de alimentos de dudosa calidad. Asimismo las ayudas destinadas a los agricultores (PAC) o a los jornaleros agrícolas (PER), o las poblaciones rurales, en concepto de medidas innovadoras para el fomento de nuevos empleos, son ayudas procedentes de las arcas de los fondos públicos; o sea, de todos/as los/as contribuyentes/as. Otra cosa es el impacto producido por dichas ayudas (ideológico, social, económico, etc.) que, en la mayoría de los casos, suele ser altamente negativo, siendo dichas ayudas públicas la mejor herramienta para fomentar la desmovilización ciudadana, la despolitización, y el fomento de proyectos que consolidan más el modelo económico que somete a las personas del ámbito rural.
Las causas que explican estas situaciones son plurales y muy complejas, pero, en cualquier caso, este mapa que refleja la nueva organización territorial de España surgida con la caída del régimen franquista y la apertura del estado español a la economía capitalista de la Unión Europea, debe hacer reflexionar sobre los factores profundos de la cohesión del Estado, ya que el despoblamiento y la excesiva concentración urbana poblacional representan, sin duda, las posibilidades extremas de desequilibrios territoriales. Y es que hay que resaltar que la historia universal nació en las ciudades y llegó a su mayoría de edad en el momento de la victoria decisiva de la ciudad sobre el campo. Karl Marx y Elisée Reclus consideran como uno de los mayores méritos revolucionarios de la burguesía el hecho de que "ha sometido el campo a la ciudad", cuyo aire emancipa. Pero si la historia de la ciudad, donde se concentran los poderes del Estado, es la historia de la libertad, lo ha sido también de la tiranía, de la administración estatal que controla el campo y la ciudad misma. 
Con la Ley de Montes de 2003 el Estado central deja pasar una oportunidad más  para fortalecer los procesos participativos y de arraigo rurales. Esta ley confusa, junto a la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural pretenden otorgar la titularidad de los montes comunales a esa sección del aparato estatal que son los ayuntamientos sin establecer las bases de una política rural inadaptada a las condiciones económicas, sociales y ambientales particulares del medio rural español, ya que de nuevo, es una ley implantada desde arriba y sin tener en cuenta las formas organizativas rurales que tanto éxito tuvieron durante siglos. Con esta nueva normativa estatal se pretendía despojar de manera definitiva a los pueblos y aldeas de sus seculares derechos sobre las tierra concejiles o comunales. Y es que hay que recordar que la población residente en municipios previsiblemente rurales (menores de 2.000 habitantes) ha pasado de 3,3 millones de habitantes en el año 1981, a 2,4 millones en el año 2014; es decir, el medio rural ha perdido alrededor del 35% de su población, y su peso con respecto al total nacional se ha reducido notablemente (pasa del 9% en 1981 al 5% en 2008). En los municipios pequeños se han preservado muchos aspectos que son esenciales: una cultura campesina que es la autentica cultura, es la que tiene un poso de siglos y de miles de años; el saber acumulado y transmitido de generación en generación que es muy importante; hemos preservado la identidad de los pueblos, de la tierra, de la gente; hemos preservado el entorno natural, la biodiversidad, los recursos naturales, el patrimonio cultural, los valores comunitarios, las relaciones de vecindad. Todo eso tiene un enorme valor también económico, pero más que económico tiene un valor social, cultural, de sentido, de futuro, que hay que defender y que hay que reivindicar y que la sociedad tiene que reconocer. Por eso hay que entender que es muy importante en estos momentos de crisis, revitalizar los municipios y pueblos pequeños y optar por ellos. Por lo que significan, por lo que pueden aportar al conjunto de la sociedad y porque pueden ayudarnos a encontrar alternativas y salidas, utópicas o revolucionarias o realistas, no lo sé muy bien.
Hoy vemos tambalearse este modelo de desarrollo debido a la crisis y es el momento en que muchos nos preguntamos por qué, teniendo un territorio tan vasto y rico, vivimos o malvivimos hacinados en las ciudades, cuando a pocos kilómetros hay tanto por hacer, pero el estado centralista y autoritario continua presionando  a las zonas rurales para acelerar su pérdida de población con la ley de entidades menores, ahora nos amenaza el turismo que quiere pueblos vacios. El Proyecto de Ley  de  racionalización y sostenibilidad  de la Administración Local,  conocida como Ley Montoro tendrá un  efecto devastador sobre las poblaciones y los territorios rurales. Y es que el desarrollo social y económico que tienen reservado para nuestras comarcas, es la emigración laboral, el deterioro ambiental y la desertización demográfica.  Pueblos cuanto más vulnerables mejor, dominados la mayoría de ellos por alcaldes corruptos, por mafias deshonestas que aún al día de hoy, acceden y se mantienen indefinidamente en el poder local.
En la actualidad el medio rural sigue con su tendencia a la despoblación y al envejecimiento de la población; si bien su importancia cultural, ambiental, paisajística y de creciente interrelación con el medio urbano, le proporciona un interés creciente para la sostenibilidad. Sin embargo, el territorio rural no es homogéneo. En la heterogeneidad de los territorios rurales intervienen muchos factores que reflejan las diferencias socioeconómicas que existen en España. Por ello no tiene porqué haber un único tipo de receta de cómo tiene que ser el modo de vida de las zonas rurales. Cada realidad geográfica tiene sus particularidades y los entes locales deberían poder auto-organizarse de forma acorde a su propia realidad. 
A pesar de todo, esta ruralidad se resiste a morir y se prevé una operación combinada tanto de las personas autóctonas, neo rurales, como de los que un día emigraron para que esto no suceda, a pesar de las nuevas amenazas como el mal llamado "Turismo Sostenible" que pretende la despoblación de muchas áreas rurales para llegar con sus agencias de turismo privadas y urbanas para traer turistas un día a la semana. No olvidemos que este tipo de turismo, que se basa en inversión pública para beneficio privado,  tiene ejemplos de fracaso por todo el mundo.


Anexo. Grandes Infraestructuras en el medio rural

La llegada de las grandes obras de infraestructura al mundo rural, supuso al igual que supone hoy en día, una pérdida de costumbres y forma de organización tradicional e igualitaria, a cambio de un salario. Las y los paisanos dejaron de cultivar para incorporarse a empresas de pastorear para arrancar los árboles y construir una gran vía de comunicación que acercaba lo lo lejano y alejaba lo cercano; dejaron de pescar para construir grandes embalses que inundaban sus tierras, viviendas e incluso recuerdos; dejaron de organizarse en Concejo Abierto porque cada persona ya tenía su salario y se creaban desigualdades insalvables… Esta otra forma de emigración, no física, pero si en espíritu y hábitos, complementó al gran éxodo rural a las ciudades fomentado por las medidas capitalistas del Estado. A pesar de ello, existían un tercer grupo de personas, los que se quedaron y lucharon por mantener sus costumbres, tradiciones y valores ambientales; ejemplos a seguir para las nuevas generaciones.