Amor superfluo en tiempos de capitalismo neoliberal

"Los sueños me quitan las ganas de dormir" Daniel Boyano Sotillo


La modernidad líquida –como categoría sociológica– es una figura del cambio y de la transitoriedad, de la desregulación y liberalización de los mercados. La metáfora de la liquidez –propuesta por Bauman– intenta también dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones. 
El amor se hace flotante, sin responsabilidad hacia el otro, se reduce al vínculo sin rostro que ofrece la Web. Surfeamos en las olas de una sociedad líquida siempre cambiante –incierta– y cada vez más imprevisible, es la decadencia del Estado del bienestar. 
La modernidad líquida es un tiempo sin certezas, donde los hombres que lucharon durante la Ilustración por poder obtener libertades civiles y deshacerse de la tradición, se encuentran ahora con la obligación de ser libres asumiendo los miedos y angustias existenciales que tal libertad comporta; la cultura laboral de la flexibilidad arruina la previsión de futuro.
Las observaciones de los estudiosos y las impresiones de la gente común parecen coincidir: la incertidumbre se ha convertido en una característica esencial de la modernidad. Desde el mercado hasta la vida emocional, todo está edificado en la “inseguridad” y el “riesgo”. El amor no es ninguna excepción. La disolución de las viejas instituciones y barreras legales, políticas y sociales (la “modernidad reflexiva”) ofrece oportunidades de emancipación, pero trae nuevas angustias: ayer cuidar de alguien significaba estar cerca; hoy es estar lejos. Aunque todo coincide con lo que observamos o vivimos, el problema es el mismo de siempre: la apenas vaga presencia del capitalismo en su análisis (aquí solo bajo el ambiguo avatar del “capitalismo global”) y relegación de todo a los “cambios culturales acelerados por la globalización”. Esto y la falta de más análisis político impiden ver los mecanismos y paradojas de transformaciones en cuestión. 
Varios otros sociólogos ya han analizado el tema. Richard Sennett hablaba de la “flexibilización del amor” y el surgimiento de un nuevo sujeto: “ser humano flexible”, sin ataduras, forjado a semejanza del capital que traspasa las fronteras y huye de cualquier compromiso con el trabajador. Zygmunt Bauman, en su Amor líquido (2005), analizaba las nuevas, “frágiles” relaciones de la “gente sin vínculos”, hijos de la “modernidad líquida” en el contexto de las nuevas tecnologías, el consumismo y la lejanía del amor y el sexo. 
El amor “está bajo amenaza” en la sociedad, donde se le mercantiliza y vende “preparado”, sin necesidad de relaciones profundas. Se priorizan los aspectos individuales, especialmente aquellos relacionados con la acumulación individual de capital, es decir con el mundo laboral, antes que relaciones verdaderas.
No toda distancia es ausencia, ni todo silencio es olvido.
SEGUIMOS CON EL USAR Y TIRAR

Medidas estatales capitalistas y despoblación en las áreas rurales (1800-2014)

Daniel Boyano Sotillo
16 de enero de 2014, Puebla de Sanabria
Colectivo El Huerto del Pozo

"La memoria es el mejor antídoto ante el auge del capitalismo estatal del desastre. El espacio que hoy el Estado Español y sus gentes, perdieron el hilo de la historia en 1939 con el golpe de estado franquista. En ese momento se comenzó a desarmar a la fuerza el movimiento ilustrado urbano español y el medio rural tradicional con todas sus virtudes. La dictadura marcó el punto final de cualquier reencuentro positivo entre ambos"

Los medios de comunicación no dejan de alertarnos del proceso de emigración de las personas jóvenes españolas, y es que la prospectiva del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el ciclo 2013-2023 –publicadas el 21 de noviembre de 2013- señalan un descenso acusado de la población en el Estado de España que pasaría de 46.704.314 habitantes en 2013 a 44.082.671 en 2023; una disminución de 2.621.643 habitantes, un 5,6%. En el ámbito rural el problema se acentúa siendo los datos todavía más pesimistas, incluso superándose valores relativos de pérdida de población rural superiores al éxodo rural de las décadas de los 50, 60 o 70. Pero esta situación viene de atrás, ya que durante los dos últimos siglos el Estado de España ha experimentado profundas transformaciones en los asuntos relacionados con el territorio y su organización. Uno de los aspectos más destacados y a los que se suele hacer referencia de continuo, es  la concentración de la población en reducidos espacios urbanos, a la vez que, complementariamente se ha producido un acusado vaciamiento rural. El crecimiento urbano supone, por un lado, la toma de posesión de la naturaleza y medio humano por el capitalismo que, desarrollándose lógicamente como supremacía absoluta, puede y debe ahora rehacer la totalidad del espacio como su propio decorado; y por otro la pérdida de identidad y desarraigo de la población que hasta entonces vivía en zonas rurales  apegadas a la tierra y con formas de autorganización y autosuficiencia agrícola muy eficientes y eficaces desde el punto de vista ambiental, social y económico.
La débil o nula repercusión de las "políticas de desarrollo" impulsadas por el Estado Español (Estado Central y Entidades Estatales a menos escala) para frenar realmente el despoblamiento rural, uno de los problemas más acuciantes de los territorios rurales, evidencia que resulta imprescindible identificar e incidir más en los aspectos humanos y en la construcción de sostenibilidad. En muchos casos estas políticas centralistas lo único que provocaron fue la emigración de las zonas rurales. Para Alario y Baraja (2006), hay "una sostenibilidad que es básicamente social y tiene un objetivo principal: fijar la población en unos espacios marcados por la atonía demográfica, el vaciamiento y el envejecimiento progresivo, y que, en muchos núcleos, no tienen garantizada su supervivencia más allá de una o dos décadas si se mantiene la actual dinámica demográfica".
Aunque el problema actual de despoblación rural que sufre España se haya acelerado en los últimos sesenta años, no debemos pensar que se trata de un fenómeno nuevo. La despoblación de un territorio se produce cuando sus habitantes emigran o mueren y no son reemplazados por otros. Conflictos humanos o catástrofes naturales suelen estar en el origen de la emigración o la muerte repentina de grandes masas de población, pero en este caso me voy a centrar en otro motivo, las medidas tomadas por el estado español  desde comienzos del siglo XIX hasta la actualidad. Uno o dos siglos antes el Estado Español parece que finalmente se configuraba uniendo los diferentes reinos ibéricos a excepción de Portugal. Las políticas se hacían en las ciudades y casi siempre eran para las ciudades porque los tentáculos del Estado no podían llegar en aquella época hasta los pueblos y aldeas debido a su lejanía, teniendo las áreas rurales sistemas de organización anteriores basadas en el apoyo mutuo, no subyugados por la lógica de la acumulación y del beneficio, auto gestionados, no jerarquizados y de marcado carácter local evitando de este modo ser lastradas por la institución del Estado Central. Estos sistemas de organización eran y son los Concejos, que por cierto, existíann y funcionaba desde varios siglos antes que se creara el Estado Español.
Antes de la revolución liberal iniciada por la Constitución de 1812, la gran mayoría de las tierras no era una mercancía. La desamortización consistió en convertirlas en bienes mercantiles, en propiedad privada. Tampoco hay que olvidar la creación de los ayuntamientos (aparato estatal local) tal y como hoy los conocemos hoy, en la década de 1830, lo que supuso que estos se apropiaran de buena parte de tierras comunales, hasta entonces auto gestionadas por la vecindad con métodos de verdadera democracia participativa para la toma de decisiones mediante asambleas, donde la mujer tenía derecho a voto (varios siglos antes de que el Estado Español lo permitiera).
La Constitución de 1812, como antes había hecho la revolución francesa, hurto tierras al campesinado por medio de leyes que provenían no de la voluntad popular sino de la hegemonía del aparato militar y policial, de la violencia ilimitada.
Los cambios políticos constantes que se sucedieron durante el siglo XIX también dejaron un rastro de núcleos rurales deshabitados. La desamortización de las propiedades comunales  llevadas a cabo durante los gobiernos liberales, principalmente por Mendizábal y Madoz, hicieron que muchas localidades rurales se quedaran sin poder gestionar las tierras comunales que suministraban el soporte vital a su vecindad (del comunal se obtenía pasto, agua, servicios como el molino…). De modo que tuvieron que emigrar o pasar a trabajar para el noble o acaudalado señor  terrateniente que hubiese comprado esas propiedades en pública subasta.  El proceso tuvo su momento culminante con la Ley de Desamortización Civil de 1855 (la especulación fue la gran beneficiada de este proceso, y la gran mayoría de los montes que pertenecían a fincas expropiadas fueron talados para sacarle rendimiento económico por parte de sus nuevos propietarios que habían invertido en ellas), a la que le siguieron la Ley de Repoblación de 1877 (fomentaba las repoblaciones con especies no autóctonas perjudicando a la economía local) y el Real Decreto e Instrucciones para el Servicio de Ordenaciones (promovía la privatización de los usos de la floresta pública).
Durante la I República hubo intentos emancipadores por parte de la población civil de pequeñas ciudades y pueblos para constituirse de forma autónoma basándose en la economía local para asentar población, pero a pesar de su éxito inicial fueron barridas por la fuerza imperante de los liberales y conservadores preservadores del poder estatal. De esta forma se continuo con una política estatal centralista, hasta la II República dónde el Estado intentó una reforma agraria que fracasó debido a que su planteamiento de base era la partición y repartición de tierras, cuando el campesinado español siempre había trabajado de forma comunitaria en terrenos comunales sin propiedad individual. Además la II República tuvo un régimen municipalista estatal continuista con la situación precedente y no consideró la posibilidad de abrir paso a un sistema de autogobierno popular por medio de asambleas populares.
La despoblación rural provocada durante la guerra civil (1936-39), que se dio principalmente entre dos bandos pro-estado, aunque muy difícil de evaluar afectó en a las  gran medida a las áreas rurales, no solo por las muertes violentas, sino el exilio y los refugiados temporales o permanentes. En aquellos pueblos que fueron frente de guerra se produjo la destrucción de infraestructuras, equipamientos y viviendas, diezmando ganados y factores productivos.
La adaptación de la economía española al sistema capitalista de consumo imperante, que dejó atrás la situación de posguerra, tiene una de sus principales claves en el intenso transvase de la población que se produce entre el campo y la ciudad, desde época franquista hasta la actualidad. A finales de los años 50 se aceleran los procesos migratorios, hasta alcanzar un dramático cenit a final de la década de los 60 y comienzos de los 70. La década que transcurre entre 1955 y 1965 se caracteriza por el éxodo rural y la transformación urbana, dejando España definitivamente atrás su pasado agrario y rural. Es una triste etapa que afecta de forma indiscriminada y masiva, a todas las zonas rurales.  Este proceso hunde en la soledad y pérdida de autoestima a la gente de los pueblos e instala al país en una larga crisis demográfica, social y económica y de valores. Se produce de este modo la desnaturalización del Concejo por sometimiento a las numerosas normas legales que hacen del ente local una realidad aherrojada.
Este éxodo resultará muy selectivo y serán principalmente los jóvenes rurales los que alimenten el flujo emigratorio. Las salidas se daban, en primer lugar, de las zonas rurales a las capitales de provincia; en segundo lugar, las corrientes migratorias se dirigían hacia los grandes polos de desarrollo programados por el Estado: a las regiones industrializadas de Cataluña y el País Vasco, al polo político-industrial de Madrid, y hacia el litoral y las regiones industriales de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto estas áreas urbanas en expansión son creación del Estado, el cual toma una de ellas, a la que otorga la capitalidad, como lugar donde concentrarse y fortalecerse para dominar un determinado espacio geográfico, ya que si existen miles de pueblos auto organizados estarán fuera de su alcance de poder.
Se producirá así una metamorfosis vertiginosa de las estructuras demográficas rurales, que en corto tiempo perderán la mayor parte de toda una generación. En definitiva, el medio rural pierde gran parte de los efectivos de una generación, por la doble vía de la disminución de la natalidad y del aumento de la emigración, y la ciudad se restablece a expensas de los jóvenes rurales. Así la ciudad se mantiene y consigue la vitalidad necesaria para su desarrollo a costa del campo que, no solo pierde población, si no que entra en un proceso de aculturación en el que el mundo rural se derrumba debido a que las personas que lo habitan ya no tiene confianza en sí mismo debido a las muestras de poder y propaganda del estado con la industria de mediados de siglo XX. 
Este traslado de población, que aún hoy sigue vivo en provincias españolas con marcado carácter rural, fue motivado no sólo por la necesidad de mano de obra en los nuevos centros de desarrollo, sino por un aumento considerable de la obra pública, fundamentalmente la construcción de nuevos embalses y la ejecución de ambiciosos planes de reforestación ejecutados a la fuerza por un ejército de ingenieros forestales tecnificados pero sin conocer la realidad rural. Mediante la Ley de Montes franquista se plantan pinos en áreas comunales de pasto ganadero, y con menos cabezas de ganado cae en declive la fertilidad de los suelos para la agricultura, y sin ganadería y agricultura las personas ya no podían vivir en los pueblos. Cuando estos mecanismos estatales de expulsión de población rural no funcionaban se usaban otros métodos de presión como eran el retiro de curas, médicos o educadores de pueblos, e incluso se dieron casos en los que el clero cobraba cuotas por llevar mujeres jóvenes a trabajar de criadas domésticas para la creciente burguesía de la ciudad. El desinterés de grandes propietarios y la solidaridad vecinal fueron responsables de la pervivencia del comunal hasta mediados del siglo XX, pero la introducción de repoblaciones forestales en los años 40 del siglo XX con especies de rentabilidad comercial acotó los usos vecinales y rompió la relación de equilibrio histórica entre comunidad rural y ecosistema.
Estos asuntos contribuyeron al abandono definitivo de muchas aldeas, unas por quedar sumergidas y otras por perder sus mejores tierras de cultivo ante el avance del Estado expropiador. Años después, el Estado Español apostó por la mecanización del campo y no por la agricultura familiar, eliminando, así las pequeñas y escasos minifundios que quedaban mediante diferentes herramientas legales, como las concentraciones parcelarias, la necesidad de contratar una ingente mano de obra en las tareas agrícolas.
Si comparamos las cifras de población rural entre los censos de 1950 y 2013 vemos el resultado de estas políticas estatales centradas exclusivamente en el desarrollo urbano, que han dejado completamente marginadas muchas zonas rurales. Se deduce claramente de ellas que el principal papel del medio rural durante las últimas décadas ha sido el de proveedor de mano de obra barata para unas industrias y servicios en creciente desarrollo. Una vez agotados esos recursos humanos, el proceso urbanizador continuó, pero esta vez alimentado por mano de obra extranjera.
España, desde su  ingreso en la Comunidad Económica Europea, ha unido política rural con política agraria, no obstante, esta perspectiva de sustentar el "desarrollo rural" en el sector primario ha contribuido a la pérdida de población de las áreas rurales que no han sido capaces de adaptarse a la nueva coyuntura de mercado europeo capitalista. Por lo general, aquellos núcleos que  no  han  experimentado  una sectorización interna adaptada a las exigencias de la PAC,  han visto como disminuía la renta de sus habitantes,  y, pese a los factores que pueden actuar como potenciales  fijadores  de la población (como tradición o calidad ambiental del entorno),  han sufrido un  despoblamiento. Así Con la entrada en la Unión Europea, España tuvo que adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y exigente y, especialmente, a la Política Agraria Común (PAC) basada en la agroindustria. Esto supuso una ruptura más con la tradición rural ya que ahora, desde Europa se ordenaba que productos agrícolas y qué cantidad se tenían que producir en cada zona. Esto provocó el desmantelamiento de las pocas actividades agrícolas que habían soportado los envites anteriores (en 1986 la liquidación del mundo rural campesino en lo principal ya estaba realizada), por ejemplo las lecherías asturianas, continuando de esta manera la salida de la gente e los pueblos. 
El mejor ejemplo del sistema antes descrito son las ayudas de la PAC, que además de estar injustamente distribuidas sirven para potenciar un modelo agroalimentario que echa abajo empleos en la agricultura, promueve la agricultura extensiva basada en productos químicos, dificulta la calidad de vida en los Países del Sur de base campesina, provoca el despoblamiento de los pueblos y arremete contra el patrimonio natural, al fomentar un modelo agrícola industrializado que tiene como resultado la producción de alimentos de dudosa calidad. Asimismo las ayudas destinadas a los agricultores (PAC) o a los jornaleros agrícolas (PER), o las poblaciones rurales, en concepto de medidas innovadoras para el fomento de nuevos empleos, son ayudas procedentes de las arcas de los fondos públicos; o sea, de todos/as los/as contribuyentes/as. Otra cosa es el impacto producido por dichas ayudas (ideológico, social, económico, etc.) que, en la mayoría de los casos, suele ser altamente negativo, siendo dichas ayudas públicas la mejor herramienta para fomentar la desmovilización ciudadana, la despolitización, y el fomento de proyectos que consolidan más el modelo económico que somete a las personas del ámbito rural.
Las causas que explican estas situaciones son plurales y muy complejas, pero, en cualquier caso, este mapa que refleja la nueva organización territorial de España surgida con la caída del régimen franquista y la apertura del estado español a la economía capitalista de la Unión Europea, debe hacer reflexionar sobre los factores profundos de la cohesión del Estado, ya que el despoblamiento y la excesiva concentración urbana poblacional representan, sin duda, las posibilidades extremas de desequilibrios territoriales. Y es que hay que resaltar que la historia universal nació en las ciudades y llegó a su mayoría de edad en el momento de la victoria decisiva de la ciudad sobre el campo. Karl Marx y Elisée Reclus consideran como uno de los mayores méritos revolucionarios de la burguesía el hecho de que "ha sometido el campo a la ciudad", cuyo aire emancipa. Pero si la historia de la ciudad, donde se concentran los poderes del Estado, es la historia de la libertad, lo ha sido también de la tiranía, de la administración estatal que controla el campo y la ciudad misma. 
Con la Ley de Montes de 2003 el Estado central deja pasar una oportunidad más  para fortalecer los procesos participativos y de arraigo rurales. Esta ley confusa, junto a la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural pretenden otorgar la titularidad de los montes comunales a esa sección del aparato estatal que son los ayuntamientos sin establecer las bases de una política rural inadaptada a las condiciones económicas, sociales y ambientales particulares del medio rural español, ya que de nuevo, es una ley implantada desde arriba y sin tener en cuenta las formas organizativas rurales que tanto éxito tuvieron durante siglos. Con esta nueva normativa estatal se pretendía despojar de manera definitiva a los pueblos y aldeas de sus seculares derechos sobre las tierra concejiles o comunales. Y es que hay que recordar que la población residente en municipios previsiblemente rurales (menores de 2.000 habitantes) ha pasado de 3,3 millones de habitantes en el año 1981, a 2,4 millones en el año 2014; es decir, el medio rural ha perdido alrededor del 35% de su población, y su peso con respecto al total nacional se ha reducido notablemente (pasa del 9% en 1981 al 5% en 2008). En los municipios pequeños se han preservado muchos aspectos que son esenciales: una cultura campesina que es la autentica cultura, es la que tiene un poso de siglos y de miles de años; el saber acumulado y transmitido de generación en generación que es muy importante; hemos preservado la identidad de los pueblos, de la tierra, de la gente; hemos preservado el entorno natural, la biodiversidad, los recursos naturales, el patrimonio cultural, los valores comunitarios, las relaciones de vecindad. Todo eso tiene un enorme valor también económico, pero más que económico tiene un valor social, cultural, de sentido, de futuro, que hay que defender y que hay que reivindicar y que la sociedad tiene que reconocer. Por eso hay que entender que es muy importante en estos momentos de crisis, revitalizar los municipios y pueblos pequeños y optar por ellos. Por lo que significan, por lo que pueden aportar al conjunto de la sociedad y porque pueden ayudarnos a encontrar alternativas y salidas, utópicas o revolucionarias o realistas, no lo sé muy bien.
Hoy vemos tambalearse este modelo de desarrollo debido a la crisis y es el momento en que muchos nos preguntamos por qué, teniendo un territorio tan vasto y rico, vivimos o malvivimos hacinados en las ciudades, cuando a pocos kilómetros hay tanto por hacer, pero el estado centralista y autoritario continua presionando  a las zonas rurales para acelerar su pérdida de población con la ley de entidades menores, ahora nos amenaza el turismo que quiere pueblos vacios. El Proyecto de Ley  de  racionalización y sostenibilidad  de la Administración Local,  conocida como Ley Montoro tendrá un  efecto devastador sobre las poblaciones y los territorios rurales. Y es que el desarrollo social y económico que tienen reservado para nuestras comarcas, es la emigración laboral, el deterioro ambiental y la desertización demográfica.  Pueblos cuanto más vulnerables mejor, dominados la mayoría de ellos por alcaldes corruptos, por mafias deshonestas que aún al día de hoy, acceden y se mantienen indefinidamente en el poder local.
En la actualidad el medio rural sigue con su tendencia a la despoblación y al envejecimiento de la población; si bien su importancia cultural, ambiental, paisajística y de creciente interrelación con el medio urbano, le proporciona un interés creciente para la sostenibilidad. Sin embargo, el territorio rural no es homogéneo. En la heterogeneidad de los territorios rurales intervienen muchos factores que reflejan las diferencias socioeconómicas que existen en España. Por ello no tiene porqué haber un único tipo de receta de cómo tiene que ser el modo de vida de las zonas rurales. Cada realidad geográfica tiene sus particularidades y los entes locales deberían poder auto-organizarse de forma acorde a su propia realidad. 
A pesar de todo, esta ruralidad se resiste a morir y se prevé una operación combinada tanto de las personas autóctonas, neo rurales, como de los que un día emigraron para que esto no suceda, a pesar de las nuevas amenazas como el mal llamado "Turismo Sostenible" que pretende la despoblación de muchas áreas rurales para llegar con sus agencias de turismo privadas y urbanas para traer turistas un día a la semana. No olvidemos que este tipo de turismo, que se basa en inversión pública para beneficio privado,  tiene ejemplos de fracaso por todo el mundo.


Anexo. Grandes Infraestructuras en el medio rural

La llegada de las grandes obras de infraestructura al mundo rural, supuso al igual que supone hoy en día, una pérdida de costumbres y forma de organización tradicional e igualitaria, a cambio de un salario. Las y los paisanos dejaron de cultivar para incorporarse a empresas de pastorear para arrancar los árboles y construir una gran vía de comunicación que acercaba lo lo lejano y alejaba lo cercano; dejaron de pescar para construir grandes embalses que inundaban sus tierras, viviendas e incluso recuerdos; dejaron de organizarse en Concejo Abierto porque cada persona ya tenía su salario y se creaban desigualdades insalvables… Esta otra forma de emigración, no física, pero si en espíritu y hábitos, complementó al gran éxodo rural a las ciudades fomentado por las medidas capitalistas del Estado. A pesar de ello, existían un tercer grupo de personas, los que se quedaron y lucharon por mantener sus costumbres, tradiciones y valores ambientales; ejemplos a seguir para las nuevas generaciones.

Debilidades del sistema capitalista, ¿porqué son necesarias las transiciones socioecológicas?

Mar Tajimca 

El sistema neoliberal actual se fundamenta en un sistema económico mercantil que ha generado la mayor desigualdad social y daño mediambiental de la historia de la humanidad. No obstante, merece la pena repasar aquí algunas de los “puntos débiles” del sistema para así poder repensarlo y construir algo más justo, equitativo y humano.

Respecto al sistema económico actual, destaca una clara falta de regulación ética dado que entiende el concepto de riqueza como la mera adquisición y maximización del beneficio individual en el menor tiempo posible, sin atender a la desigualdad o a los daños físicos  y sociales que éste puede causar. Uno de sus colorarios inevitables, además de la explotación de la mano de obra, es que el consumo de recursos y la producción de residuos no puede dejar de crecer, formando una curva exponencial. El crecimiento no es la consecuencia posible de este sistema: es una condición indispensable para que funcione. Si la economía capitalista deja de crecer, se colapsa. Como estamos viendo actualmente con esta “gran recesión”.

Es aceptable pensar que ante una crisis de estas dimensiones, el sistema esté buscando innovaciones parciales para seguir perpetuándose. Si tenemos en cuenta el papel de las guerras en el desarrollo del capitalismo, podremos encontrar significado a los próximos acontecimientos a los que asistiremos en política internacional. Por no hablar del llamado “Capitalismo verde” que supone, simplemente, una contradicción entre los términos per sé.

Por ello, resulta hoy más necesario que nunca, entre otras cosas, un cuestionamiento internacional del modelo de medición macroeconómica basado en el PIB para aportar otras teorías económicas con una mayor vinculación moral, social y medioambiental. Respecto a alternativas de medición macroeconómica, existen ya multitud de ejemplos como el Indice de Desarrollo Humano, el índice de la felicidad o índice de Gini sobre desigualdad que, no solo tienen en cuenta la acumulación de beneficio o aumento de la producción de un país, sino también la calidad de vida de las personas que allí viven o la huella ecológica. La economía del bien común, se basa en esa necesidad de convivencialidad y aportación al bienestar social general. . El balance del bien común mide cómo una empresa vive: la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica, la democracia con todos sus proveedores y clientes. Finalmente, la evaluación de esos valores podrá permitir al consumidor escoger los productos con una mayor conciencia colectiva. La reestructuración del sistema productivo es un proceso que lleva tiempo, pero que merece la pena intentar, pues éste es actualmente la causa de multitud de violaciones de Derechos Humanos Otra buena propuesta es el concepto de Riqueza Básica de las Iguales  fundamentada en el “umbral de igualdad” y en una nueva forma de distribución del PIB a través de un Fondo de Consumo Social de mercancías y servicios directamente relacionados con el bienestar de la población.  La teoría de los comunes también realiza una alternativa argumentada, sólida y ecofeminista que vuelve a priorizar los valores de uso (necesidades humanas) frente a los de cambio

Una importante estrategia de lucha, en mi opinión, consistiría en el establecimiento de control de capitales para acabar con los movimientos especulativos, así como la prohibición de paraísos fiscales. Propuestas concretas en este sentido tales como la Tasa Tobin o mecanismos de redistribución de la riqueza internacional a través de un mayor control social de la inversión podrían ayudarnos la consecución de una mayor igualdad a escala mundial.

Todas las medidas propuestas de reestructuración económica, vendrían legalmente apoyadas a nivel internacional  sobre los Derechos Humanos. Unos Derechos Humanos, reescritos en nuevo y globalizado momento socieconomómico como el actual si, pero sobre todo que, lejos de la categorización por generaciones, considerara los Derechos económicos, políticos y sociales como fundamentales, sin olvidar los derechos medioambientales que reafirman esa vinculación necesaria entre lo natural y lo humano y defiende la Tierra como parte de nuestras propias vidas. En este último sentido de una necesaria mayor vinculación en todas las esferas de la vida ente la naturaleza y lo humano, cabría recordar aquí cosmovisiones de pueblos originarios como el “Buen Vivir” como fuente de inspiración para esa necesaria reconstrucción de dialéctica entre las estructuras y los valores.

Si atendemos ahora al sistema político dominante en la actualidad, observaremos unos rasgos comunes (pese a diferencias existentes de caracter geosociopolítico evidentes), que se basan en una clara falta de independencia frente al poder económico. Actualmente, los gobernantes se encuentran subeditados al poder económico y pretenden unos gobernados pasivos sin capacidad de argumentación crítica de la realidad y aportación de alternativas. Para ello, como es bien sabido, el sistema utiliza diversas técnicas que podrían resumirse dentro de la llamada “Teoría del shock”. Es en todo ello justamente dónde la población puede y debe actuar.

Por todo lo anteriormente expuesto, no resulta sorprendente pero sí esperanzador,  una cada vez más prevalente conciencia “internacionalista” surgida en los últimos años, (tomando ideas de otras luchas sociales pero innovadoras en cuanto a forma y escala global), surgidas apartir del encuentro de “problemas comunes” que atacan directa o indirectamente las necesidades humanas, produciendo en muchos casos daños de carácter social y medioambiental.  Políticas basadas en una mayor la “conciencia de especie”, las necesidades humanas y .generación de bienes relacionales podrían servir como motor de cambio hacia transiciones socioecológicas, desde mi humilde opinión, y la de muchos/as otros/as. Algunos de estos movimientos sociales han sido categorizados (y porque no, demasiado etiquetados y simplificados) como los/las indignados/as, no obstante aprovecharé el concepto de dignidad para recordar a nuestros/as compañeros/as zapatistas que, desde algún lugar de la selva Lacandona, nos recuerdan la importancia de la convivencialidad y reciprocidad de nuestros actos: “La dignidad exige que seamos nosotros. Pero la dignidad no es que solo seamos nosotros. Para que haya dignidad es necesario el otro. Porque somos nosotros siempre en relación al otro. Y el otro es otro en relación a nosotros. La dignidad es entonces una mirada. Una mirada que también mira al otro mirándose y mirándonos. ”La dignidad es entonces reconocimiento y respeto. Reconocimiento de lo que somos y respeto a eso que somos. La política es el conflicto por fijar la frontera entre lo tolerable y lo intolerable: la definición misma de dignidad. ¿Dónde está el umbral de lo que ya no toleramos más? Es en primer lugar una cuestión de percepción y de sensibilidad. Ese umbral de lo que rechazamos afirma al mismo tiempo una imagen de dignidad común necesaria, ya que lo que se plantea aquí es un cambio de paradigma sociopolítico y del imaginario social colectivo.  El ataque al derecho a la vivienda, la educación o la salud, los recortes en políticas sociales, la corrupción, o la represión desmesurada en forma de violencia y miedo, suponen un ataque directo a ese umbral de tolerancia humana por el cual la población responde o, de nuevo, debería responder. Resulta esencial en este punto, aprender de la historia y fomentar el diálogo intergeneracional e intercultural para una mayor cohesión social fuera del espectro del crecimiento económico, generando una red de resistencia mediambientalmente sostenible, tejido social y conciencia colectiva donde crear nueva realidad sin miedo, consciente y democráticamente participativo.

Por último, y para concluir de una manera algo más pragmática la argumentación teórica de la necesidad de cuestionamiento de todo tipo de dominación del sistema político actual, cabría comentar la necesaria reformación de organismos internacionales como Naciones Unidas (nombre incluido si así se considerara necesario). La creación de instituciones internacionales que sirvan de espacio de diálogo ético, universal, transparente y justo que sirvan de herramienta para la consecución efectiva de los Derechos Humanos , así como el negar el derecho a veto en el Consejo de seguridad (repensando la necesidad de existencia del mismo), se aportan aquí como posibles mecanismos de mejora, fundamentados en una democracia no meramente representativa, sino participativa y directa donde las personas pudiéramos crear consensos amplios y transparentes sobre temas como los límites medioambientales de nuestro planeta o la redistribución de la riqueza global. Un espacio donde, al fin y al cabo, las alternativas “desde abajo”, lleguen fluyendo hasta “arriba” (entendido en términos de representación poblacional, justicia social e igualdad).

Y, para concluir, pasaremos de una perspectiva global de cambio a la realidad local de cada pueblo. Para ello, considero fundamental entender la “revolución” o “transiciones revolucionarias ecofeministas” (si se quiere encuadrar en un marco teórico más concreto), conllevan su tiempo, es decir, no una visión de algo radical pero puntual sino como un proceso gradual que se irá produciendo a lo largo de los próximos años de una manera más o menos rápida, humana, natural y justa. “Vamos despacio porque vamos lejos” 

 A nivel individual y colectivo, resulta importante  salir del paradigma del crecimiento infinito, el miedo y la codicia, y actuar en consecuencia con nuestras comunidades y con nosotros mismos. Existen cada vez más alternativas económicas y políticas que se basan en esos otros valores que también forman parte de la naturaleza humana como son la solidaridad o el cooperativismo. Ejemplos concretos en este sentido, lo supondrían la teoría economica del compartir, la autoconstrucción humana basada en la desmercantilización de bienes y recursos para fomentar un tipo de mercado más social y económica y ecologicamente democrático. La creación de monedas sociales, los grupos de consumo (también llamados de autoorganización comunitaria), bancos de tiempo, bioconstrucción, soberanía alimentaria, huertos colectivos, trueque, etc son ejemplos claros y concretos que, basados en enseñanzas más teóricas desde la permacultura o el decrecimiento, entendidas ambas como matriz o enjambre de alternativas sostenibles, podrían ayudar a la construcción de ese otro paradigma, siempre a través de la participación de las mayorías. La urgencia ecológica y social  en que vivimos actualmente, podríamos ser capaces de acelerar esa transición individual y colectiva hacia una mayor sustentabilidad ecológica y social (grupos locales con visión global).

 Huyendo, y como conclusión final, de las hipótesis extremas sobre la naturaleza de los individuos (insaciabilidad, egoismo, altruismo..) y basándonos en las necesidades humanas como motor de cambio, no nos queda otra, que aprender todo lo que la historia ya nos ha enseñado, y seguir caminando con dignidad.