¿Hasta
que punto es útil y necesario relacionar el concepto de decrecimiento con el
derecho a la salud? La solución, no se encuentra en el este texto; habrá entonces
que crearla…
El
derecho a la salud, recogido en el artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, sociales y culturales desde 1966, depende a su vez del
ejercicio de otros Derechos Humanos básicos (derecho al agua, derechos
reproductivos, acceso a medicamentos esenciales, etc.). Los problemas de salud
de nuestras poblaciones, presentes y futuras, se ven influidos por unos
determinantes sociales de la salud (vivienda, saneamiento, nutrición, higiene básica…)
Se entienden por determinantes sociales de la salud las
circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen,
y los sistemas establecidos para combatir las enfermedades. A su vez, esas
circunstancias están configuradas por un conjunto más amplio de fuerzas:
económicas, sociales, políticas y normativas. Las políticas industriales, laborales, financieras,
culturales y medioambientales actuales, crean desigualdad social injusta y
condiciona un entorno determinado que repercute en la salud individual y
colectiva. Por ello, es necesario analizar el derecho a la salud precisamente
desde ese punto social, político y económico, y es ahí, dónde, en mi humilde
opinión, la teoría del decrecimiento entra en juego.
Si
observamos el sistema productivo actual, basado en el consumismo(modo de vida esclavo), el daño ambiental
causado a nuestra Madre Tierra, o las predicciones sobre reservas de petróleo a
nivel mundial; resulta cuanto menos optimista-realista, pensar en alternativas
como la permacultura, las cooperativas, los bancos de tiempo, monedas locales,
o la creación de espacios de reflexión colectiva donde, aprendiendo de la
historia, se fomente el diálogo intergeneracional e intercultural para una
mayor cohesión social fuera del espectro del crecimiento económico.
Respecto
al sistema económico dominante resulta imprescindible la implementación de
herramientas macroeconómicas que tengan en cuenta otras variables como la
calidad de vida, la huella ecológica o la aportación real al bien común para
desmantelar las prioridades del sistema y cambiarlas por otras más humanas. Lo
que contabiliza el PIB es solamente aquella parte de la realidad que puede ser
comercializada y, por eso, su información es sesgada y no demuestra la gran
desigualdad que supone el imaginario actual de crecimiento exponencial.
Siguiendo
con economía, que no con “homo economicus”,
viajamos hasta la deuda ilegítima que ahora sufren lxs ciudadanxs de muchos países,
similar aquella que hizo sufrir a tantas personas de ese bello sur geográfico.
Los efectos adversos que esta crisis financiera están causando en la salud, son
una muestra objetiva y basada en una triste evidencia (aumento de suicidios,
depresiones, etc.), de que resulta más necesario que nunca el cuestionamiento del
origen de dicha deuda a través de una Auditoría ciudadana. La experiencia
muestra que la comercialización de bienes sociales esenciales, tales como la
educación y la atención sanitaria, genera inequidad social y es precisamente a
lo que estamos asistiendo. No es por casualidad, que dicha Auditoría sea una de
las principales reivindicaciones de la Marea Ciudadana del próximo 23-F en
respuesta al golpe de estado de los mercados en la que participarán multitud de
colectivos sociales en toda España. Los diversos movimientos sociales que están
despertando globalmente junto, con los que siempre estuvieron ahí (15-M,
Yosoy132, OccupyWallstreet, revoluciones árabe, ecologistas, feministas,
movimientos indígenas,..) servirán de inspiración para la conciencia colectiva
y la propuesta de soluciones integradoras y justas. La participación de la
sociedad civil, consciente y empoderada, juega un papel esencial en la defensa
del derecho a la salud y posee un gran potencial de cambio frente al
desequilibrio de poder internacional, principal barrera para la equidad y el
acceso a la salud.
Por
último, en coalición a ese acceso a la
salud, al que el decretazo de abril 2012 restringió a personas inmigrantes en
situación administrativa irregular (salvo urgencias) en España, resulta
imprescindible ahondar en el análisis de nuestro Sistema Nacional de Salud. En
la actualidad, ya existen multitud de colectivos tejiendo esa red de alternativas posibles
con el fin de mantener un sistema sostenible y de calidad impidiendo la
privatización y mercantilización (tanto en líneas de investigación, como en las
calles y plazas: Marea Blanca, Movimiento para la salud de los pueblos…). El
debate sobre la gestión debe llevarse a cabo para hacerla más clínica y profesionalizada con el objetivo
de una buena gobernanza en salud. Sin embargo, la visión decrecentista, insiste
en recordar, e invita a debatir, sobre el hecho de que no siempre mayor gasto
sanitario conlleva mejores resultados en salud.
El objetivo de un sistema sanitario no es aumentar exponencialmente su
gasto sino invertirlo de una manera eficaz, racional y eficiente. La salud del
paciente debe ser siempre el objetivo principal, creando un balance justo entre
las necesidades y las demandas y apoyándose en los principios de accesibilidad,
aceptabilidad, disponibilidad y calidad de la atención sanitaria. Una cobertura
sanitaria pública y universal es necesaria para el pleno ejercicio del derecho
a la salud. La propuesta de estrategias de mejora basadas en la evidencia y en
resultados en salud, a través de la promoción de la atención primaria y
comunitaria, la interdisciplinaridad para la creación de una medicina más
integradora y holística, el uso racional de los medicamentos y tecnología y el
necesario impulso de las políticas sociales, son solo algunas ideas para lograr
una mayor equidad y justicia social.
Sin
duda, el decrecimiento y el derecho a la salud comparten muchas más cosas de lo
que en un principio pudiéramos pensar, sin embargo, el relacionar ambos
conceptos dependerá en gran parte, del rumbo que deseemos tomar en este viaje
sanitario, que no otro que la vida misma en comunidad…
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